Este post ofrece respuestas y reflexiones a las cuestiones planteadas por el profesor Aldeguer en la materia "Ética Pública" dentro del "Master en Diseño, Gestión y Evaluación de Políticas y proyectos públicos" acerca de los lobbies en la Unión Europea.
Pregunta: Debería permitirse el reconocimiento de los lobbies en las instituciones públicas, generalmente, las de carácter representativo y con potestades normativas-legislativas. ¿Bajo qué circunstancias? ¿Qué límites cabría reconocer?
El objetivo teórico de los lobbies no es malo: aportar a la clase política planes, ideas y propuestas de tipo económico, social o normativo que fomenten el desarrollo en Europa y eviten la pérdida de competitividad. En este sentido, actuarían como asesores cualificados y tendrían la misión de transmitir a los políticos "el pulso de la situación" y la importancia de que sus intereses se vean recogidos. Es una forma de que el político escuche a los afectados antes de presentar una propuesta de ley, redactar una política o lanzar un proyecto. Esta es la versión que defienden quienes lo practican y seguramente muchas personas trabajen con este objetivo. Lo malo es que el interés general del desarrollo económico o social del conjunto de Europa SIEMPRE va a estar supeditado al interés particular de la empresa o grupo de empresas que representa cada lobista. En el documental “The Brussels Business” se ve claramente que esta cooperación entre el sector privado y el público abre unas puertas que nadie parece saber a dónde llevan.
Así pues, no veo mal que existan lobbies en las instituciones públicas, siempre que su funcionamiento sea transparente y que los distintos intereses de los ciudadanos y las empresas estén representados equilibradamente. Hay que tener en cuenta el desequilibrio que se produce entre quienes pueden pagar a los lobbies para que defiendan sus intereses y los que no. Es la misma situación de quien puede pagarse un buen abogado y el que no. La única manera de igualar eso sería creando lobbies “de oficio”. He leído en el post de Amparo García que algunos lobbies están financiados por la propia Comisión Europea, eso me parece una buena idea.
En EEUU, por ejemplo, la actividad de los lobbies está hiper regulada: hay un manual de 575 páginas con normas para los lobistas. Por su parte, en España, en el último Debate sobre el Estado de la Nación se propuso - y el Congreso aceptó - regular por fin la actividad de los lobbies.
Pregunta: ¿Cómo cabría regular el reconocimiento de estos lobbies y qué instrumentos de transparencia y códigos de conducta podrían establecerse? Valore críticamente, por sus lagunas, defectos o virtudes, el Código de Conducta que consta en el Registro de Transparencia de la Unión Europea (accesible https://ec.europa.eu/transparencyregister/info/homePage.do?locale=es).
El Código de conducta es bastante genérico, pero en todo caso es un documento necesario para empezar a impregnar de honestidad y transparencia las relaciones entre la industria y la política europeas. Me parece interesante, por ejemplo, la posibilidad de que cualquier ciudadano, a través de la página web del Registro de Transparencia, pueda denunciar incumplimientos del código de conducta.
Pero yo añadiría al menos dos exigencias más, a sabiendas de que no serían bien recibidas por los integrantes de los grupos de presión – ni por sus interlocutores en la política:
(1) las reuniones sólo podrán realizarse en las instalaciones de la Comisión Europea o locales designados por ésta. De dichas reuniones quedará constancia escrita siempre, incluyendo acta de la misma. Nada de reunirse en enclaves paradisíacos ni en las dependencias de las empresas interesadas.
(2) las reuniones serán siempre grabadas y las grabaciones, públicas, como sucede con los plenos de los ayuntamientos o de las Cortes. Entiendo que habrá reuniones en las que se discutan asuntos estratégicos para la competitividad europea y que su difusión causaría un claro perjuicio a la misma. Sólo en estos casos se evitaría la difusión, pero no así la grabación, que deberá quedar custodiada y disponible en caso de investigación – con orden judicial.
Así pues, las reuniones que tengan lugar fuera de los lugares establecidos o que no sean grabadas habrán vulnerado el código de conducta, serán consideradas deshonestas y sus participantes amonestados o cesados, según la gravedad del asunto. De esta forma resultaría más sencillo detectar las irregularidades, ya que aquella conversación entre un lobista y un político que no puede grabarse, no debe producirse.
También debería ser obligatorio que en la elaboración de un informe se incluyera con qué entidades se trataron los temas que allí se recogen. Otros requisitos para regular la existencia de los lobbies son los ya indicados en el Registro de Transparencia de la UE: que sus objetivos sean claros, explícitos y transparentes (que estén publicados), que no se permita la “compra” de favores políticos bajo ninguna circunstancia (si hay que invitar a comer, que sea en el restaurante del Parlamento), etc.
Por último, está la cuestión de la voluntariedad. En estos momentos incorporarse al registro es algo voluntario, pero en mi opinión debería dejar de serlo en el futuro.
Pregunta: ¿Qué intereses puede haber para que se regule la función de los lobbies? O, por el contrario, ¿Qué intereses, en dirección opuesta, pueden alegarse para que no se produzca tal regulación como, entre otros casos, sucede contemporáneamente en España?
En contra de la regulación, lógicamente, estarían las grandes corporaciones multiacionales que quieren que se legisle a su favor sin que se les siembre el camino de obstáculos, y que tienen medios económicos suficientes para comprar dos veces las instituciones de la UE con todos sus ocupantes dentro. Aunque podría darse la vuelta al argumento y que algunas entendieran que este registro les hace más “amigables” a la opinión pública, evitando verse envueltas en acciones “sospechosas de ilegalidad”, ya que hoy en día todo se filtra a la opinión pública y esta es una buena forma de “blanquear” sus actuaciones. El ejemplo podría ser el de las grandes empresas que han suscrito manifiestos para evitar la explotación de niños, mejorar la calidad de vida de sus trabajadores en países desfavorecidos, etc. Puro marketing y “lavado de cara”, pero bienvenido sea.
A favor de su regulación: los propios políticos para mejorar su imagen, los activistas sociales para tener mejor acceso a la información sobre los posibles “tejemanejes” de pasillo, los agentes anticorrupción, etc. En definitiva, todo aquel que trabaja a favor de la transparencia en la gestión pública.
De todas formas, como punto final pesimista a este post, habría que resaltar que - tal como sugiere el ya mencionado documental "The Brussels Business" - en la actualidad los "think tanks" están sustituyendo silenciosamente a los lobbies, con lo cual la regulación de los segundos alimenta el crecimiento de los primeros, en un proceso que más que de "sustitución" podríamos llamar de "mutación" de unos en otros.
(Actualizado el 25 de Enero de 2016)