En este post me gustaría reflexionar sobre la importancia de que los avances tecnológicos y la aplicación de las TIC a cualquier entorno se haga en el momento adecuado. No siempre la administración va con retraso respecto a la tecnología disponible. A veces, se intenta implementar una tecnología o un servicio cuando sus usuarios potenciales – tanto destinatarios finales como miembros de la administración involucrada - aún no están preparados para ello. Para ilustrarlo, me gustaría exponer un ejemplo de proyecto de eDemoracia que se vio perjudicado por haberse introducido antes de tiempo, cuando no se había producido todavía el necesario cambio cultural en la organización.
El proyecto en cuestión se diseñó durante el año 2004 en la Comunidad Valenciana, estando previsto su lanzamiento para mediados de 2005. En aquel momento, la Generalitat Valenciana acababa de lanzar su tercer plan de desarrollo de telecomunicaciones, Avantic 2004 – 2010, que sucedía a Moderniza.com y a PEMAV (Plan Estratégico para la Modernización de la Administración Valenciana). Enmarcado en el ámbito del eGobierno, el objetivo del proyecto era desarrollar nuevo cauce de participación ciudadana: los sondeos on line.
Los beneficios para la Administración local, provincial o regional era poder tomar el pulso a la opinión ciudadana de una forma más directa y para cuestiones “del día a día”, sin tener que esperar a encuestas genéricas sobre el grados de satisfacción, valoración del políticos, etc. Por su parte, los ciudadanos podrían participar en el diseño, implementación o evaluación de algunas políticas públicas que les afectaban. Todo ello respondía a uno de los objetivos fundamentales señalados en los sucesivos planes de modernización: acercar la Administración al ciudadano.
Los responsables públicos decidirían qué cuestiones querían proponer a la ciudadanía, y cada ciudadano elegiría sobre qué cuestiones querría mostrar su opinión a los políticos.
Se trataba de una sencilla web en la que cada ayuntamiento o Diputación podría “colgar” las preguntas que quisiera para sus ciudadanos (elección de una zona verde, reforma de horarios comerciales, protagonistas del pregón de fiestas,…). El proyecto, impulsado por la Secretaría Autonómica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información y diseñado por la Fundación OVSI, tuvo en cuenta:
- Desde el punto de vista técnico: qué tecnologías serían las más adecuadas, cómo sería la plataforma para que los usuarios tuvieran acceso a la información y pudieran participar, el interfaz de usuario para que el responsable público pudiera introducir los temas que quería proponer, el software de tratamiento de datos, etc.
- Desde el punto de vista operativo: se diseñaron los procesos y flujos de información, desde que el político decidía someter un tema a debate, hasta que la información le llegaba en forma de estadísticas y porcentajes.
Cuando todo estuvo listo, el proyecto fue presentado a la unidad de la administración pública valenciana que se encargaría de gestionarlo. La acogida inicial del proyecto fue más que positiva, ya que resultaba realmente innovador para el momento: tan solo algunas administraciones americanas o europeas habían desarrollado actuaciones semejantes. No olvidemos que estamos hablando de 2005, momento en el que, aunque Internet era ya de sobra conocido en España (se había introducido en 1997 a escala ciudadana), no existían las redes sociales, no todas las administraciones tenían ya página web, ni tantos ciudadanos como hoy en día contaban con conexión a Internet, por no hablar de que la movilidad e inmediatez que aportan hoy los smartphones era entonces ciencia ficción.
Pues bien, tras la cálida acogida inicial, el proyecto fue paralizado “para su análisis” cuando se llegó al siguiente punto: ¿qué se hace con la información recogida? Es decir, una vez que el responsable público ha lanzado un sondeo para conocer la opinión ciudadana, y el público contesta, ¿qué pasa con esas respuestas? La publicación de aquellas respuestas resultó ser un tema tremendamente espinoso, ya que exponía al político y a sus actuaciones de manera innecesaria, según la mentalidad de ese momento.
Las opciones eran:
- Publicar los resultados obtenidos, exponiéndose a la repercusión mediática, las críticas de la oposición y la protesta ciudadana – en caso de no ser favorables.
- Publicar los resultados que se consideraran adecuados, incluso si no correspondían con los recabados realmente…
- No publicar los resultados, lo cual haría que la herramienta perdiera interés y utilidad para el ciudadano en poco tiempo, amén de las críticas por la falta de transparencia.
Pues bien, los responsables del proyecto – el departamento de la Administración regional para el que fue diseñado - no fueron capaces en aquel momento de reaccionar ante lo que consideraron una amenaza y el proyecto murió finalmente en un cajón. Aunque se trataba de un tema totalmente acotado y controlado – en todo momento se tenía el control sobre qué y cómo se preguntaba - resultaba impensable que un político se sometiera voluntariamente a una exposición pública de aquel calibre. Nada que ver con la tremenda exposición pública de hoy a través de las webs, blogs y perfiles en redes sociales de los políticos, a veces gestionadas por ellos mismos y a veces por sus gabinetes, pero en todo caso totalmente expuestas a los comentarios y opiniones del resto de internautas.
Al revés que en aquel momento, hoy en día no resultaría creíble un político de un cierto rango que no pusiera a disposición del ciudadano un cauce para que este transmitiera su opinión – sea un blog o un perfil en Twitter - e incluso después de hacerlo, que no contestara jamás a las opiniones o comentarios vertidas en ellos por los ciudadanos.
Hoy, podríamos decir que el cambio cultural ya se ha producido, al menos en parte.